El congresista de Pennsylvania, Christopher Quinn, ha presentado por segunda ocasión una propuesta a la asamblea norteamericana para aplicar impuestos a los videojuegos violentos.
Sería un 10% de cargo extra los que recibirían juegos con la clasificación ESBR de M (Mature) y AO (Adults Only).
A estos títulos se les culpa de instar a menores de edad a recurrir en conductas violentas que pueden desencadenar en masivos tiroteos de los cuales se suelen informar en el país del Tío Sam.
Dicho impuesto podría desencadenar en un aumento en los precios, no solo de los videojuegos inculpados, sino que también del gaming en general.
Esto es porque los títulos M y AO, tales como las sagas Grand Theft Auto, Mortal Kombat y Call of Duty concentran una gran cantidad de ganancias en el mercado de los videojuegos, por lo que se tendrían que aumentar los costos para apalear las pérdidas.
Otra vez se repite la misma historia
Cada cierto tiempo vemos cómo actores políticos a lo largo del mundo inculpan a los videojuegos por las tragedias ocurridas en sus comunidades.
Durante el infame tiroteo en Sandy Hook, ocurrido el 2012, el senador Jay Rockefeller invitó a la Academia Nacional de Ciencias de dicho país a realizar un análisis psicológico a aquellos niños expuestos a juegos violentos, para determinar si tienen algún impacto negativo en ellos.
El psicólogo Christopher Ferguson dejó en claro en la revista Times que «de hecho, durante los años más populares en los videojuegos la violencia juvenil disminuyó«.
Y claro, en momentos en donde reina el miedo, la confusión y la desinformación, es fácil culpar a lo que se está más a mano, evadiendo las soluciones más complejas que suelen ser las que de verdad están más involucradas.
