La piratería del anime y manga podría tener sus días contados en México tras nueva reforma

El senado mexicano ha aprobado recientemente la nueva reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal, esto con la finalidad de acabar con el mercado pirata no tan solo del anime y manga, sino también de películas, series, música, entre otros tipos de contenidos. Esto tras que el país azteca busca adecuar a los nuevos tiempos la legislación, y con ello brindar una mayor protección a la propiedad intelectual en el marco del acuerdo TMEC en donde está presente México, Estados Unidos y Canadá.

Dicha legislación, la cual algunos la tachan de promover la censura, se basa en la modalidad de notificación y retiro, algo que por hoy algunos estados de Estados Unidos lo aplica, y que consta que si alguien envía una aviso o reclamo de copyright, la empresa que aloja dicho contenido si esta la jurisdicción de un país que aplique esta modalidad tendrá la obligación de retirar inmediatamente el material, sin la necesidad de exigir pruebas o de tener alguna orden judicial.

De igual forma, el impacto que podría tener dicha aprobación de la reforma en México no sería de tanta relevancia, ya que gran parte de los sitios de piratería no están alojadas en dicho país y los contenidos en muchas ocasiones están esparcidos en servidores de distintos países y redes.

Algo que llama bastante la atención si de esta reforma, es que también impedirá la reparación por cuenta propia de nuestros dispositivos, ya que según la nueva reforma es un delito reparar, modificar o alterar dispositivos por nuestra cuenta, ya que supuestamente estamos eludiendo a lo que se denomina “candado digital“.

Principalmente ya que dicha reforma protege la utilización de partes, piezas y software originales, lo cual solo podrán ser reparados o modificados por los fabricantes de dicho dispositivo, algo que es bastante curioso.

Finalmente, esta reforma aun está en proceso de votación, ya que ahora tiene que ser votada por la Cámara de diputados, para posteriormente ser votada aprobada por el poder ejecutivo y comenzar con el proceso de publicación y ejecución de la nueva Ley.

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