La Ley Uber entra en vigencia: comienza nueva era para las apps de transporte en Chile
Tras varios intentos fallidos, la Contraloría General de la República finalmente dio luz verde al reglamento que permitirá la implementación de la Ley Uber en Chile. Esta normativa busca regular de manera formal a las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT), como Uber, DiDi y Cabify, estableciendo nuevas exigencias para conductores, vehículos y las propias plataformas.
Con la aprobación del reglamento, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) celebró el cierre de un proceso técnico que, según palabras del ministro Juan Carlos Muñoz, permitirá equiparar las condiciones entre estas plataformas y el resto del transporte remunerado de pasajeros, incluyendo mayores estándares de seguridad y reglas claras para el rubro.
¿Qué implica la Ley Uber para conductores y empresas?
La Ley Uber entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de seis meses para que las plataformas, conductores y vehículos se inscriban en un nuevo registro. Pasado ese período, el registro se congelará por 18 meses para evaluar el funcionamiento de la ley.
Uno de los puntos más relevantes es que los conductores que operan con licencia clase B tendrán 12 meses para obtener una licencia profesional. Quienes no la obtengan dentro del plazo, serán eliminados del registro oficial.
Además, el reglamento establece exigencias administrativas y técnicas que han sido calificadas por las plataformas como “restrictivas” y de “tramitación incierta”, lo que, según ellos, podría transformar un proceso de inscripción en una barrera burocrática que perjudica al ecosistema de transporte digital.
Las aplicaciones responden: críticas y acciones legales en camino
Las principales plataformas agrupadas en la Alianza In, liderada por la exsenadora Marcela Sabat, emitieron duras críticas contra el proceso, acusando falta de diálogo, riesgos a la privacidad de usuarios y conductores, y consecuencias graves para el empleo.
Desde el gremio indicaron que nunca fueron contactados para consensuar aspectos clave del reglamento y desmintieron haber llegado a un acuerdo previo sobre la inscripción de conductores. Además, manifestaron su preocupación por la ausencia de una marcha blanca que permita adaptar de manera gradual los cambios exigidos.
Privacidad en la mira: geolocalización, historial de viajes y más
Uno de los puntos más sensibles señalados por las aplicaciones es la entrega de información personal exigida por la nueva normativa. El gremio sostiene que el acceso estatal a datos como geolocalización, historial de viajes y evaluaciones podría infringir la Ley de Aplicaciones y vulnerar derechos fundamentales de los usuarios.
Advierten que esta información podría ser usada para inferir detalles sensibles como estado de salud, creencias religiosas o afinidades políticas. Por ello, ya han presentado un “téngase presente” ante Contraloría y anunciaron que recurrirán a instancias judiciales internacionales para proteger los datos personales involucrados.
Impacto en el empleo: más de 40 mil conductores en riesgo
Según estimaciones del economista David Bravo, más del 40% de los conductores actuales podrían verse directamente afectados por los nuevos requisitos de la Ley Uber, lo que representa a unas 40 mil personas. Esto ha generado alarma en la industria, ya que muchas de estas exigencias, afirman, ya son cubiertas con tecnologías avanzadas como el reconocimiento biométrico.
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